El capital humano, clave de la prosperidad

Catorce años de crecimiento ininterrumpido no es un registro frecuente en las economías europeas. La española los cumplirá pronto, preservando también esa favorable diferenciación respecto a su entorno en el ritmo de creación de empleo. Como consecuencia de ello, el PIB por habitante, a pesar del significativo aumento de la población, ha reducido la brecha frente a las naciones más prósperas, hasta situarse en torno al 94% de la media de los países con los que compartimos moneda, 10 puntos más que en 1995. Frente a la UE25, esa convergencia real podría alcanzarse en 2008 según la Comisión Europea.

La continuidad de ese ritmo de convergencia real no está, sin embargo, garantizada. Carecerá de dos apoyos importantes: de la intensidad de las tracciones que han impulsado el crecimiento económico en estos últimos años y, no menos importante, de un crecimiento suficiente de la productividad. La intensa desaceleración de la construcción residencial y el endurecimiento de las condiciones de financiación en todo el mundo son los exponentes más expresivos del primer grupo de ausencias, cuyo impacto ya se percibe en el menor dinamismo del empleo; que el posible aumento de la productividad llegue a compensar el menor crecimiento del empleo no es fácil, dadas las insuficientes dotaciones de capital humano y tecnológico que todavía exhibe nuestra economía.

El crecimiento de la productividad del trabajo, la generación de valor por hora trabajada, es el otro itinerario conducente al aumento de la renta por habitante, absolutamente complementario del crecimiento del empleo. Determina, en primer lugar, una mayor rentabilidad de las inversiones y, en definitiva, el nivel sostenible de prosperidad que puede alcanzar un país. Así lo asimiló la Agenda de Lisboa al proponer como objetivo fundamental el crecimiento del potencial de crecimiento a largo plazo mediante el de la productividad. Haciéndolo se responde también a esos retos cada día más explícitos que suponen la competencia global, la asimilación de los cambios tecnológicos y el envejecimiento de la población. Se garantiza el fortalecimiento de la competitividad de la economía, su modernización, en definitiva.

El informe anual del World Economic Forum (WEF) ha optado por una definición de la competitividad que la asimila al “conjunto de instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un país”. No está muy distante de la caracterización que hace la propia UE cuando la define como el “alza sostenida en las condiciones de vida de una nación y un descenso en el nivel de desempleo involuntario”. Se trata de acepciones menos estrechas que las que tratan de evaluar la posición en el mercado global, más propias de los sectores industriales y de las empresas, pero igualmente complementarias con la modernización de las economías: con la diferenciación frente a aquellas que han emergido recientemente en la escena global con ventajas en costes y precios superiores a la española.

Ya no son los recursos naturales o los financieros los que garantizan un futuro de prosperidad, sino el capital humano. La educación, las habilidades, constituyen el fundamento que permite asimilar eficientemente el resto de las inversiones. Desde luego las destinadas a fortalecer el capital tecnológico y la completa inserción en la sociedad de la información. Y todo ello, el crecimiento de la productividad. No es de extrañar, por tanto, que el camino más importante para mejorar la competencia de las empresas y de las naciones sea el del talento. La disposición suficiente de ese activo, la capacidad para atraerlo y retenerlo, se ha convertido en la ventaja crítica para sobrevivir con éxito en la economía global, confiando a ella la prosperidad de las naciones. También, la necesaria cohesión de cualquier sociedad moderna.

La productividad de la economía española ha mejorado. Entró en una zona positiva a partir de 2005, y muy especialmente en 2006, pero sigue muy por debajo de las economías avanzadas. Su aceleración exige, en primer lugar, una mayor intensidad de capital (dotaciones de capital por trabajador), ya no sólo físico, sino humano y tecnológico, el conocimiento, en definitiva; el otro elemento que condiciona la evolución de la productividad del trabajo es la productividad total de los factores: ese residuo cada día más relevante en el que se reflejan múltiples elementos todos ellos expresivos del progreso técnico y organizativo, desde la calidad de las instituciones, la sofisticación del sistema financiero y la capacidad para emprender e innovar hasta la flexibilidad organizativa de las propias empresas y de los mercados. La posición adversa de la economía española en esos dos ámbitos admite pocos paliativos.

Las últimas evidencias -los estudios del WEF sobre la competitividad de las naciones y de la OCDE sobre la innovación, y el más reciente y no menos severo diagnóstico sobre la educación del Informe PISA- denuncian el largo retraso que arrastramos. Son manifestaciones que debilitan el atractivo de España para la inversión extranjera directa y cercenan las posibilidades de reducción de nuestro desequilibrio exterior. Limitan también la completa asimilación del cambio tecnológico y, en definitiva, la completa incorporación a ese grupo de economías modernas en las que competitividad y dotación de conocimiento son criterios que aportan resultados consistentes para identificar a las más avanzadas. Aquéllas en las que también es posible garantizar la simultánea satisfacción del binomio eficiencia y equidad, esencial para la evaluación del grado de éxito de las políticas económicas.

En la clasificación del WEF las posiciones de cabeza las ocupan, junto a Estados Unidos, las economías nórdicas. Son también las que exhiben los más elevados niveles de renta por habitante. Y es así porque en todos los indicadores de ese índice de competitividad de las naciones están por delante del resto: desde la calidad de la educación y la intensidad de capital tecnológico a la no menos determinante calidad de las instituciones. Tal es la favorable influencia de las dotaciones públicas en la prosperidad y competitividad de esas economías que los propios metodólogos de ese informe, incluido el profesor Xavier Sala-i-Martín, han reconocido sin ambages que lo relevante no es tanto el tamaño del sector público como la eficacia del mismo, su calidad en definitiva.

Asumido el papel central que la intensidad de capital humano y tecnológico tiene en la determinación de la productividad y de ésta en el crecimiento de la renta per cápita, es razonable asumir que la prioridad de la política económica debería centrarse en el aumento de la intensidad del capital, privado pero también público, buscando las evidentes complementariedades que existen entre ambos. Hacerlo a un ritmo inferior al que la convergencia exige es lastrar las posibilidades competitivas de la economía española, sus posibilidades de diferenciación de aquellas menos desarrolladas que compiten en la escena global.

La inversión pública española ha crecido de forma significativa en el último cuarto de siglo, especialmente en capital físico. Pero el stock de capital público sigue por debajo de la eurozona; la brecha es más pronunciada en capital tecnológico y humano. La evidencia acerca de la superioridad de la rentabilidad social de la inversión pública en estos destinos deja lugar a pocas dudas, como ha revisado recientemente el profesor Myro, en un sugerente documento de trabajo de la Fundación Alternativas. Más que un desplazamiento de una por otra, resultan absolutamente complementarias: los rendimientos de la inversión privada son más elevados cuando la inversión pública es suficiente.

Esa prioridad de la inversión pública, su inserción en políticas educativas, tecnológicas y de reformas de los mercados, que asuman la necesidad de desplazar la economía española hacia las posiciones propias de las economías modernas, no debería subordinarse a las reducciones impositivas por las que parecen competir los principales partidos políticos en nuestro país. Ni la presión fiscal hoy existente en España, y mucho menos el stock de su deuda pública, son superiores al promedio de las economías más competitivas y prósperas del mundo.

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